(Aleteia/InfoCatólica) El concepto de «fobia» pasó a ser usado, de manera
general, para indicar la actitud negativa y la injusta discriminación de
personas o de situaciones, identificadas por la palabra que se combina con el
término «fobia»: piense en la «cristianofobia», ya presente en muchos países,
cuyo objetivo (de ataques físicos, asedio moral y marginación) son los
cristianos; o la «homofobia», que es la violenta aversión a las personas
homosexuales. En el caso del aborto, sin embargo, la situación «denunciada»
como si fuera prejuiciosa es la oposición a un verdadero delito, que es el de
asesinar a un niño.
En la
sociedad de hoy, en que se
defienden a capa y espada los derechos de todos, menos los del feto, el nuevo
absurdo parece no escandalizar a casi nadie. Por el contrario: quien se opone
al aborto es quien se vuelve el «culpable» a castigar, aunque sólo exprese una
opinión o pida que las mujeres que planean abortar sean debidamente informadas
sobre todas las alternativas que podrían sustituir ese gesto extremo.
El paladín
de los derechos de los abortistas parece ser Francia, donde la ley Weil, de 1975, creó el
«delito» de obstrucción del aborto». Quien comete ese «delito», el de
obstaculizar el aborto, puede ser considerado un «abortofóbico».
Una nueva
medida legal propuesta en Francia, contraria a quien está contra el aborto, incluye dos
artículos de extraordinaria gravedad: el primero altera la ley actual, que ya
permite el aborto para las mujeres «en situación de dificultad». Esta ley es de
amplia interpretación, tanto que la historia francesa no relata un único caso
de mujeres que hayan tenido un aborto negado por ausencia de tal «situación de
dificultad». Aún así, el texto será alterado y la nueva ley dirá que el aborto
está permitido para las mujeres «que no desean llevar a cabo el embarazo a
término».
En la
práctica, poco cambia: el aborto en
Francia, al final, ya está permitido para cualquier mujer que lo solicite; pero
el cambio es decisivo desde el punto de vista del principio. El aborto no será
ya considerado como la consecuencia de una dificultad, como un drama, como una
derrota, y sí como una opción completamente normal; como un derecho (cf. La
Nuova Bussola Quotidiana, 24 de enero).
La segunda
alteración en la legislación francesa prohíbe obstaculizar el aborto no sólo físicamente, lo
que ya estaba en vigor, sino también psicológicamente. La lectura de los
trabajos preparatorios revela que la intención del legislador es prohibir que
en los hospitales las mujeres sean informadas sobre las alternativas al aborto;
prohibir, también, que los voluntarios de los centros de apoyo a la vida
circulen por los hospitales; y prohibir, incluso, aun fuera o en la
proximidades de los hospitales que haya protestas o divulgación de
informaciones pro-vida a las mujeres. Esa ley fue aprobada en la primera
sesión, pero debe ser sometida a una segunda.
La ministra
francesa de los Derechos de las Mujeres, Najat Belkacem-Vallaud, fue los suficientemente lejos
para declarar que el número de abortos en Francia aún es «muy bajo». Aparentemente,
ella piensa que es poco el hecho de que 35% de las mujeres francesas ya
abortaron y que, sólo el año pasado, 220 mil niños fueron abortados en el país,
frente a 810 mil que nacieron. Otra ministra francesa, y de Salud, Marisol
Touraine, llegó a pedir que Francia haga una «movilización» contra la ley del
país vecino, España, que pretende establecer algunas restricciones al aborto.
La
«abortofobia» parece destinada, por
lo tanto, a tener larga vida en tierras francesas. Y la primera víctima fue un
hombre de 84 años, Xavier Dor, conocido activista pro-vida que fue declarado
culpable de dar a una mujer embarazada un par de zapatos de bebé con el fin de
disuadirla de abortar. Él deberá pagar una multa de 10.000 euros o corre el
riesgo de quedar aún un mes en la cárcel.
A causa del
«delito» de «abortofobia», los
franceses pro-vida pueden ahora ser procesados y condenados simplemente por
realizar actividades de información y disuasión en los hospitales, por indicar
un número de teléfono a una mujer embarazada o por proponerle una reflexión
sobre lo que es el aborto.
De la misma
forma, son criminalizados aquellos
que organizan y participan en las Marchas por la Vida o mantienen páginas web
con informaciones contrarias al aborto. La pena máxima prevista por la ley es
de dos años de prisión a 30.000 euros de multa.
Ante los
magistrados que leyeron su sentencia, Xavier Dor, que desde hace años define el Estado
Francés como «République luciférienne», declaró, desde lo alto de sus 84 años:
«Delito es asesinar a un niño».
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