“No existen precedentes. Es una
enorme victoria para la familia”, decía el pasado jueves Sharon Slater, presidenta de Family Watch International, una de las
organizaciones que más ha trabajado por sacar adelante la resolución Protección de la familia , aprobada
este mes de julio en Naciones Unidas.
Un texto propuesto por una coalición
de países africanos, Rusia y China con el apoyo de un buen número de ONG
profamilia. Sus mayores detractores, Estados Unidos, Reino
Unido, Irlanda y otros países ‘desarrollados’ que trataron hasta el último
momento de incluir en el texto expresiones como ‘salud sexual y reproductiva’
-eufemismo empleado para referirse al aborto- o ‘familias’ en lugar de familia
–para incluir a todo tipo de uniones sentimentales y no solo al
matrimonio tradicional-. Cuando vieron que era imposible, decidieron votar en
contra. Se abstuvieron cuatro países de
los 47 que actualmente tienen representación en el Consejo: Brasil,
México, Argentina y Macedonia. “Probablemente, forzados por los países
desarrollados. Han ejercido mucha presión a estos países para frenar la
resolución o intentar cambiarla, incluso amenazando con retirar la ayuda
internacional”, señala Slater, que aplaude la valentía de los países que, a
pesar de las presiones, han votado a favor del texto.
Pero, ¿qué tiene esta resolución que
tanto asusta a algunos? En realidad, una petición muy sencilla, pero quizá
demasiado clara para el lenguaje de la corrección política que impera en la
ONU: el texto reclama el reconocimiento de la familia como núcleo
fundamental de la sociedad -el lugar donde los niños crecen y son educados- y,
por tanto merecedora de una protección especial por parte del Estado. “La
familia tiene la responsabilidad principal de educar y cuidar a sus hijos y
esos hijos, para un completo y armonioso desarrollo de su personalidad, deben
crecer en un ambiente familiar, en una atmósfera de amor, felicidad y
entendimiento”. La resolución, de cinco páginas de extensión, apela a la
responsabilidad estatal para proteger al “núcleo fundamental y natural de la
sociedad”. También recuerda que la familia es “fuente de cohesión social,
integración, solidaridad intergeneracional y el mejor escenario para preservar
la identidad cultural y los valores y tradiciones sociales”.
Y, en un sencillo pero importantísimo párrafo, reconoce el derecho de
los niños a recibir una educación que potencie sus habilidades y talentos, y
que le haga crecer en el respeto a los derechos humanos y reconoce también, y
aquí viene lo más importante, el derecho de los padres a elegir la educación
que desean para sus hijos, pensando siempre en el interés superior de los
pequeños. Una afirmación que, de ponerse en marcha, borra de un plumazo las
pretensiones de imponer, por vía estatal, una determinada educación alejada, en
ocasiones, de los valores o creencias de los padres.
Igualdad, autoestima…
Desacomplejada y clara, la resolución recién aprobada se refiere también
a los roles de padre y madre, a la importancia de transmitir a los hijos
valores como la igualdad de las personas y a la necesidad de potenciar, sobre
todo en las niñas, la autoestima –para tratar de evitar así el maltrato
ejercido hacia la mujer en determinadas sociedades subdesarrolladas-.
Los principales enemigos de esta
resolución –asociaciones feministas y grupos LGTB (lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales)- trataron de modificar el texto para que incluyera
los derechos sexuales y reproductivos y un lenguaje “inclusivo” que englobara
en el concepto de familia a todo tipo de uniones. El lobby Sexual Rights Initiative, se refirió al texto como
“un paso atrás en la conquista de los derechos humanos que busca situar a la
familia como una institución necesitada de protección ignorando las violaciones
de derechos que se producen dentro de ella y sin reconocer las diversas formas
de familia que existen”. Más aún, asegura que la familia “perpetúa la opresión
patriarcal y prácticas como los crímenes de honor, la mutilación genital
femenina y los abusos como abuso infantil o violaciones”.
Austin Ruse, del Centro por la Familia y los Derechos Humanos, responde:
“el mundo está con nosotros. Solo un pequeño número de países está empeñado en
respaldar la agenda LGTB”. Su próximo reto, que en Naciones Unidas comience a
utilizarse un lenguaje a favor de la familia que permita un verdadero
desarrollo social. Ya están trabajando en ello.
Seis de
cada diez nuevas infecciones por VIH en Cataluña corresponden a hombres que
tienen relaciones con otros hombres. Así lo constató ayer el centro BCN
Checkpoint y la Asociación de Lucha contra el Sida en la presentación de una
campaña para fomentar la detección precoz de la enfermedad. Según los expertos,
el número de nuevos casos en el colectivo homosexual ha aumentado anualmente un
7,6%. La alta incidencia en este grupo poblacional crece todavía más en la
ciudad de Barcelona, donde ya supone el 80% de los nuevos casos.
“El
preservativo ya no es suficiente. En grupos más expuestos hay que
complementarlo añadiendo otras formas de prevención”, explicó el director de
BCN Checkpoint, Ferran Pujol. Cada año se diagnostican unos 700 casos en
Cataluña y los expertos recomiendan al colectivo gay que se hagan pruebas de
VIH cada tres meses para reducir el aumento de nuevas infecciones entre los
homosexuales.
Pujol
mostró su “preocupación e inquietud” por la incidencia de la enfermedad, que
“cada año está más concentrada en el mismo grupo poblacional”. El director de
BCN Checkpoint insistió, además, en que “hay que intervenir apelando a la
responsabilidad de las personas, pero también incrementando las pruebas
diagnósticas y facilitando su acceso a ellas desde la atención primaria”.
Pujol negó
que la alta incidencia responda a “conductas de mayor riesgo”, sino que lo
achacó “a razones biológicas”, ya que el contagio es más probable con el sexo
anal, y a que “entre sus posibles parejas sexuales, el virus está más extendido”.
Los expertos aseguran que las primeras semanas después de adquirir el VIH, la
carga viral es más alta y hay más probabilidad de contagio.
Pujol
denunció, por otra parte, “la interlocución casi nula con la Administración
central” para afrontar el problema y criticó que no haya ningún grupo de
trabajo integral estudiando medidas para abordar la situación. Según los
informes que maneja BCN Checkpoint, “en 10 años podríamos encontrarnos con una
alarmante situación en la que más del 40% de los homosexuales en la franja de
edad de 40 a 50 años vivirían con el VIH”
